El proceso de inmunización de la población guatemalteca para prevenir el COVID-19 en las últimas semanas ha terminado de colapsar. El ingreso del nuevo lote de vacunas y la promesa de donaciones de parte de México y Estados Unidos no serán suficientes para cumplir con la meta de vacunar a más de diez millones de personas. El tablero del MSPAS al 17/06/2021 apenas reporta 775,390 dosis administradas (incluidas las donaciones); el 18% de personas están vacunadas con esquema completo (144,092), un 40% habita en el Departamento de Guatemala. El 81% de personas fueron vacunadas con la primera dosis (631,298), de las cuales el 47% reside en el Departamento de Guatemala.
Existe la preocupación de lo que se hará cuando lleguen masivamente las vacunas Sputnik V, que necesitan mayor aseguramiento de la cadena de frío. Tomando en cuenta que no todos los centros de vacunación, principalmente del área rural, cuentan con las condiciones para su resguardo. Por eso no es raro que ésta se haya iniciado a aplicar a la población que habita en la ciudad capital, que es en donde se cuenta con mejores condiciones.
Si bien es cierto que como población se debe continuar, reforzar y retomar los protocolos de bioseguridad como el uso de mascarilla, lavado de manos, uso de gel y el distanciamiento social, es el Estado/gobierno quien tiene la responsabilidad de garantizar el buen funcionamiento de la red de servicios públicos de salud.
Es inaudito que sea la población la que tenga que enfrentar las consecuencias por las negociaciones tardías para adquirir las vacunas, los bajos niveles de hisopados realizados, el caos generado por mezclar las sub fases previstas en el Plan Nacional de Vacunación, la falta de una fuerte campaña de información en los idiomas maternos que sea certera y masiva para incentivar la vacunación y sobre los efectos secundarios de la misma; el desorden evidente; falta de recursos para la inscripción y que sean las familias quienes deban costear los sedantes, medicamentos e insumos para recuperarse de las complicaciones del COVID-19, existiendo presupuesto público para ello.
El Ministerio de Salud al 31/05/2021 tenía un presupuesto vigente de Q11,353.16 millones y al 18/06/2021 ya tiene un recorte de Q701.00 millones sumando un presupuesto vigente de Q10,652.16 millones.
De este presupuesto el Ministerio de Salud cuenta con Q2,480.76 millones en el programa 94: Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas, para atender la pandemia por COVID-19 (al 31 de mayo eran Q3,166.12 millones), de los cuales Q1,583.5 millones son para la vacunación para prevenir el COVID-19; apenas ha ejecutado Q638.61 millones (40.33%).
Atender la pandemia por COVID-19 no es solo la vacunación, es garantizar que la red de servicios públicos de salud cuente con el personal, la infraestructura, laboratorios, pruebas COVID-19, oxígeno, camas, insumos y medicamentos suficientes, a tiempo y de calidad. Las autoridades del MSPAS conocen las deficiencias por lo que deben mejorar su accionar en búsqueda de evitar más muertes.
