Somos testigos de la persecución judicial que políticos, funcionarios, magistrados y legisladores, -integrantes del “pacto de corruptos”-, accionan contra periodistas y medios independientes que divulgan noticias vinculadas a corrupción y que al gobierno le son incómodas. La Comisión de Libertad de Prensa de la APG, la PDH y CONGCOOP, condenan el grado de criminalización contra Emisoras Unidas, El Periódico, La Hora, como un intento de silenciar a los medios de comunicación y periodistas.
De acuerdo con esa instancia, en 60 días del 2022, se han registrado nueve agresiones de diversas formas contra la prensa independiente, lo cual demuestra la existencia de un plan premeditado para crear temor en el gremio a fin de obstruir cualquier investigación y denuncias de hechos ilícitos que acontecen en esferas gubernamentales o en los centros de poder en Guatemala.
Un caso que atenta contra la Libertad de Expresión lo constituye la persecución judicial en contra del presidente de El Periódico, ingeniero Jose Rubén Zamora, por publicar investigaciones que vinculan a funcionarios con actos de corrupción. Esa persecución judicial desde la CSJ, el MP y la CC, laceran el principio de Libertad de expresión en Guatemala. Acciones que también replican contra Patrullaje Informativo de Emisoras Unidas.
Otra acción de acoso se registró contra Diario La Hora, cuando las autoridades “querían hablar” con una persona que fungió como reportero para preguntar “el motivo y origen de la publicación “Filtración hace fracasar operativos del MP y la CICIG”, nota informativa publicada el 5 de agosto 2019. La casa editorial fijó su postura amparándose en el artículo 35 de la Constitución: Ley de Emisión del pensamiento, razón por la cual La Hora no está obligada a revelar las fuentes de información, datos personales de los autores, más cuando ese requerimiento parte de hechos públicos.
Agregamos la agresión y destrucción del equipo fotográfico del reportero gráfico David Sanchinelli, de Nuestro Diario, por ex militares jubilados que irrumpieron y destruyeron parte de las instalaciones del Congreso el 19 de octubre 2021. Siete reporteras, camarógrafos y fotoperiodistas también fueron agredidos.
Allanamientos ilegales que las fuerzas de seguridad practicaron en las viviendas de periodistas comunitarios durante el estado de sitio decretado por el Ejecutivo en El Estor, Izabal; y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá. No podemos olvidar la agresión y destrucción de equipo fotográfico que agentes de reacción de la PNC ejecutaron contra el fotógrafo independiente Carlos Sebastian, el 21 de noviembre 2020.
Esa política de criminalización genera riesgo para medios de comunicación porque atenta contra la prensa, vulnera los principios que garantizan el derecho a la libertad de emisión del pensamiento y el libreo acceso a las fuentes de información. En los casi dos años de pandemia no se ha detenido la persecución judicial y agresiones contra los periodistas.
Recordemos que en 2020-21, -en medio de plena pandemia por el covid-19-, el ministerio de Gobernación, MINGOB; la Policía Nacional Civil, PNC; magistrados de la CSJ, la fiscal Consuelo Porras, magistrados de la CC, diputados oficialistas, así como funcionarios de gobierno, iniciaron una serie de agresiones, cateos, persecución judicial, y otras formas de violencia contra medios y periodistas independientes.
La Comisión de Libertad de Prensa de la APG, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP; la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, y CONGCOOP, demandan al gobierno investigar las agresiones contra el gremio periodístico, así como repudiar esa política de criminalización y persecución que hoy acecha al periodismo en el país.
Durante su gestión al frente del MP, la señora Porras dirige acciones que persiguen el declive del Estado de Derecho y la Democracia. Además, carece de las cualidades de idoneidad, ética y credibilidad para mantenerse en ese importante cargo. En su función también destaca la judicialización de periodistas y medios independientes, según lo ha dado a conocer la APG.
Manifestamos nuestra solidaridad a jueces independientes, fiscales que afrontan un exilio forzado para evitar encarcelamiento, y el acoso contra periodistas y medios independientes.
