El decreto 18-2022 es notoriamente inconstitucional, retrógrada, oscurantista, viola derechos y tratados internacionales; además de fomentar la discriminación, no protege a las familias porque pone en riesgo la vida y los derechos de diferentes segmentos de la población.
No podemos olvidar que vivimos en un país, donde hay miles de familias destruidas por la migración, que tienen niñas violadas, embarazadas. Además, hay muertes por desnutrición, falta de empleo, violencia de género sin freno, donde el 59% de los más de 18 millones de guatemaltecos/as viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, prevaleciendo el hambre.
Al sumarse al rechazo de la ley, CONGCOOP demanda al Congreso archivar la ley referida porque contraviene principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, refleja subordinación de los organismos del Estado, además de representar un “retroceso” para el país al violentar el principio de igualdad.
