Recientemente (12 de julio), el gobierno presentó ante el foro político de alto nivel de Naciones Unidas, su Informe Nacional Voluntario (INV), sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- agenda 2030, en las que destaca el porcentaje del presupuesto público vinculado a las metas de desarrollo.
Al respecto, la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP); elaboró el Informe Social sobre los –ODS- 2021, en el cual destaca que el Estado de Guatemala no ha realizado esfuerzos de gestión gubernamental para superar la grave situación de la pobreza en todas sus formas, combate al hambre, inseguridad alimentaria, desnutrición y la promoción de la agricultura sostenible.
Esta realidad no es nueva, pues el Estado no logró alcanzar ni una sola de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015).
Las brechas de desigualdad se amplían en los sectores populares, campesinos e indígenas en donde la pobreza alcanza el 70%; el creciente flujo migratorio ocasionado por la escasez de empleo y oportunidades en el área rural; una baja carga tributaria, una democracia al borde del colapso, mínima gobernabilidad producto de la pobreza, exclusión; la impunidad generada por una ausencia de justicia, revelan que Guatemala está cada vez más lejos de cumplir con los ODS.
A partir de los ODS, el informe identifica un mínimo esfuerzo para garantizar la educación inclusiva y equitativa de calidad, así como alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. El gobierno de Alejandro Giammattei reconoce la problemática de la desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años; la respuesta del gobernante ha sido implantar programas clientelares, vinculados a intereses político electorales. No afronta problemas de fondo. Los programas gubernamentales en el campo están dedicados a la transferencia limitada de insumos y “capacitación” a campesinos. Hay ausencia de crédito campesino, infraestructura productiva, mercado y acceso a tierra.
Con 16.3 millones de habitantes -según el XII Censo Nacional de Población-, el 63.8% de población menor a los 30 años, cuya ventana de oportunidad requiere inversiones orientadas a la promoción, garantía y protección de los derechos de todas y todos, en especial niñas, niños y adolescentes, carecen de ese derecho.
La lucha contra la desnutrición infantil, el fortalecimiento del desarrollo rural integral, la mejora en la calidad y cobertura de los servicios de salud, educación pública y la protección social, deben ser las prioridades principales en el presupuesto, cumpliendo estándares de suficiencia, eficiencia, eficacia e inclusión. Sin embargo, el análisis revela débiles condiciones presupuestarias y escasa responsabilidad política que generan un gasto social decadente.
El Informe Alternativo destaca el racismo, la discriminación, la exclusión, alta concentración de los ingresos en la cual el 20% de la población acapara entre el 60 y el 80% de los ingresos, mientras que el 2% de los productores concentran alrededor del 70% de la tierra productiva. Un Estado débil frente al crimen organizado y al denominado “pacto de corruptos”, con una institucionalidad extremadamente frágil. Este conjunto de factores, aunado la desigualdad en el acceso a activos productivos, genera: desigualdad y exclusión.
Pese a que el Estado nacional y las instituciones financieras internacionales pregonan un crecimiento económico para Guatemala, no mencionan la desigualdad social, pobreza y exclusión. Cabe destacar que esos logros se sustentan en los 11 mil 300 millones de dólares que en concepto de remesas envían los migrantes guatemaltecos que trabajan en los Estados Unidos.
Aunque la economía no deja de crecer, no implica desarrollo para los guatemaltecos. Pese a ese crecimiento económico el Estado es incapaz de alimentar a la población, combatir la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años. Al contrario, la base en la que se sustenta la denominada “economía exitosa” tiene su base de inequidad.
El 56% de la población rural, -más de 8.1 millones de indígenas y campesinos- se relaciona y dedica a actividades agrícolas y recursos naturales no renovables. Ese modelo productivo concentra más del 57% de la tierra cultivable y lo explota mediante monocultivos y proyectos extractivistas. De histórica concentración agraria: el 92 % de los pequeños productores ocupan el 22% de la tierra del país, mientras que el 2 % de los productores comerciales acaparan el 57% de la tierra de Guatemala, según el último censo agropecuario del año 2003.
Esta nueva cita por los ODS en Nueva York, 2021. Nos encuentra en un estado de crisis a todos los niveles: político, económico –hablando de economía popular, social y cultural. No tenemos avances sustanciales en ninguno de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible. Guatemala es un país encaminado peligrosamente a ser una sociedad “gobernada” por estallidos sociales, esto ante el avance de la corrupción, impunidad y crimen organizado. Un Estado debilitado y capturado, por élites de poder lícitas e ilícitas.
El tercer informe voluntario de nuestro Gobierno, presento avances en términos de arreglos institucionales, matrices y datos. Cero incrementos presupuestarios hacia el desarrollo. Cero éxitos en ninguno de los 17 ODS. Ninguna modificación al modelo de crecimiento económico: extractivismo agrícola. Eje central generador de concentración y exclusión. Mientras eso no cambie y el Estado logre implantar y gestionar un sistema de gobierno, equitativo, democrático, anti patriarcal, probo y equitativo, administrado por políticos capaces y honestos, el país continuará marchando a la deriva, con graves y lacerantes indicadores de desigualdad, pobreza, exclusión.
Guatemala, 15 de julio 2021
