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Por la importancia de la misma, CONGCOOP y la ENI Guatemala, realizo el estudio Agricultura Familiar Campesina e Indígena AFCI, avances de país,  muestra pequeñas apuestas políticas para su implementación por parte del Estado guatemalteco,  sin embargo las estrategias y avances comunitarios permiten sostener la propuesta dando respuestas a la grave situación de pobreza, y pobreza extrema.

El referido estudio muestra el presupuesto público destinado al Ministerio de Agricultura como insuficiente muestra de esto es 0.32% del PIB para el año 2017, y su descenso del 0.25%, para el año 2019, con el incremento del presupuesto autorizado por el Congreso de la República  en el año 2020 este subió a 0.30%[2]. En relación al presupuesto nacional el ministerio tiene presupuesto pequeños como se mostro en el 2017, en el que solo el 2.05% de los recursos se asignan al MAGA, sin embargo para el 30 de junio del 2020  fue de 1.68%.

El MAGA en el 2017 del total de los recurso del ministerio, asigno el 52% de los recursos al Programa Apoyo a la agricultura familiar, con el nuevo Gobierno este porcentaje fue modificado hacia la baja, al 30 de junio del 2020, el presupuesto para el programa representaba  el 34%. Considerando que este programa tiene como población objetivo;  105,856 familias denominadas de infrasubsistencia, 513,395 de subsistencia, y 171,420 de excedentarios.

Al 19 de julio del 2021 el programa Apoyo a la Agricultura Familiar, tiene un presupuesto vigente de Q525.26 millones, la ejecución solo alcanza el 27% de los recursos, afectando la presencia del ministerio en los territorios, fortaleciendo la falta de presencia del Estado, dejando en el abandono a la población indígena campesina. 

El Estado guatemalteco reconoce las brechas de desigualdad para las mujeres, la juventud y otros grupos vulnerables, es por ello que se ha comprometido a realizar acciones afirmativas para alcanzar la igualdad y equidad, esperando que dicho compromiso sea una realidad, ya que en la actualidad eso no sucede.

Derivado a los resultados obtenidos en el estudio, hacemos un llamado al gobierno de Guatemala, principalmente al Ente Rector, para que de manera inmediata asuma su rol, y garantice:

1. Una ejecución presupuestaria que permita a las y los campesinos contar con insumos agrícolas, acompañamiento técnico, científico y sistemático, de manera inmediata. De igual manera, elevar sustancialmente la calidad del gasto.
2. Compromiso político, social y económico con las organizaciones campesinas para retomar la PNDRI e impulsar la propuesta de desarrollo integral desde los territorios.
3. Una planificación del presupuesto 2022, que garantice la continuidad y el fortalecimiento presupuestario del programa Apoyo a la Agricultura familiar, y en específico el programa de Agricultura familiar para el fortalecimiento de la económica campesina, PAFFEC
4. Apertura al dialogo principalmente con las organizaciones campesinas,  de mujeres rurales, y con los sectores involucrados.

[1] Para el caso de Guatemala, las  organizaciones campesinas reconocen la importancia de reconocer que la Agricultura Familiar familiar y campesina es principalmente indigena.

[2] El porcentaje del PIB es en relación al monto de Q1,741.3 millones vigentes para el MAGA.

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